Michoacán eleva la protección ambiental a rango constitucional: Secma
Tras la aprobación de la reforma constitucional en materia ambiental, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López, destacó que esta medida garantiza la dignidad humana y la justicia intergeneracional. En conferencia de prensa con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario subrayó que la reforma asegura la conservación de los recursos naturales como un pilar indispensable para la paz social, el bienestar colectivo y la vida digna en la entidad.
Asimismo, el titular de Secma explicó que la reforma combate la expansión inmobiliaria irregular mediante mecanismos que obligan a transparentar la situación ambiental de la propiedad. Destacó que esta normativa es clave para detener el cambio de uso de suelo desmedido, el cual afectó miles de hectáreas boscosas en los últimos cinco años, priorizando ahora la conservación sobre el modelo de explotación agrícola.
Enfatizó que además contará con un marco normativo completo, que obliga al estado a crear instrumentos jurídicos, registros, monitoreo permanente y sanciones efectivas, para evitar que el derecho quede en “letra muerta”.
El funcionario estatal reiteró que los pilares de esta ley son la obligación estatal reforzada, la corresponsabilidad ciudadana y el uso de tecnología para la transparencia mediante el Guardián Forestal y el Guardián del Agua. Asimismo, la normativa incorpora los principios del Acuerdo de Escazú, que garantizan el acceso a la justicia ambiental, la transparencia informativa y el fomento a la participación ciudadana en el cuidado y protección del medio ambiente.
También se incorporan a la Constitución principios como el precautorio, el de responsabilidad ambiental, bajo el precepto de que “quien contamina paga”, y el de titularidad difusa, mediante el cual cualquier persona puede emprender acciones legales para exigir la protección del entorno. Además, se establece la sustentabilidad como eje rector del desarrollo en la educación ambiental y la obra pública municipal, y se reconoce constitucionalmente el deber del Estado y la sociedad de proteger a los animales.
