Legalidad o discrecionalidad

#Transformando

Por: Abelardo Pérez Estrada Empresario, Analista, Expresidente CANACINTRA

“La prisa en la legalidad, suele abrir la puerta a la discrecionalidad”

La reciente validación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas sin orden judicial no es, por sí misma, una anomalía internacional, el problema no está en la herramienta, el verdadero problema está en el sistema que han construido sin contrapesos.

En abstracto, la medida tiene lógica: permitir al Estado reaccionar con rapidez frente a operaciones vinculadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, países como Estados Unidos o España cuentan con mecanismos similares, en el caso estadounidense, agencias como la Office of Foreign Assets Control, pueden congelar activos de manera inmediata, en España, la normativa también contempla bloqueos preventivos.

Pero hay una diferencia incómoda que no se puede esquivar: allá, los contrapesos funcionan; aquí, están bajo sospecha.

En Estados Unidos, el Ejecutivo puede actuar, sí, pero enfrenta tribunales con capacidad real de frenar excesos, un Congreso que investiga y una cultura institucional que castiga abusos, en España, el Poder Judicial mantiene mecanismos de carrera judicial, evaluaciones y órganos autónomos que, con todas sus tensiones, preservan un mínimo de independencia.

México, en cambio, vive un momento distinto, la narrativa oficial habla de fortalecimiento institucional, pero los hechos muestran otra cosa, por ejemplo, la sobrerrepresentación legislativa no fue producto de una competencia electoral impecable, sino de interpretaciones legales que beneficiaron a Morena, no es un detalle técnico: es la realidad del congreso actual.

A lo anterior se suma un elemento aún más delicado, la elección y designación de perfiles dentro del sistema judicial ha estado marcada —cada vez con menos disimulo— por acuerdos políticos, los famosos “acordeones”, donde el mérito queda subordinado a la lealtad y cuando eso ocurre, la independencia deja de ser un principio y se convierte en una ficción útil.

Y ahí es donde la ecuación cambia por completo, porque una facultad extraordinaria en un sistema con contrapesos es una herramienta, pero esa misma facultad en un sistema debilitado es poder concentrado.

El congelamiento de cuentas no es menor, implica, en los hechos, suspender la capacidad económica de una persona o empresa sin que medie un juicio previo, aunque exista la posibilidad de impugnar, el daño inicial ya estará hecho, el acceso al dinero no es un lujo; es una condición básica de operación, de vida, de defensa.

La pregunta de fondo no es si la UIF debe tener esa facultad, la pregunta es quién vigila a quien la ejerce, en un entorno donde el Poder Judicial no genera plena confianza, donde el Legislativo ha sido moldeado por mayorías sobrerrepresentadas y donde los nombramientos responden más a alineaciones políticas que a trayectorias profesionales, el margen de abuso crece y no lo digo como una posibilidad extrema, sino real.

En los últimos años el discurso ha simplificado el debate: o estás a favor de combatir el lavado de dinero o estás en contra, para mi es una falsa dicotomía, el verdadero dilema debería ser, —cómo combatir delitos sin erosionar las garantías básicas—.

Cuando el Estado puede intervenir el patrimonio sin controles sólidos, la frontera entre justicia y presión se vuelve peligrosamente delgada.

No estoy discutiendo una facultad administrativa, se estará poniendo a prueba la solidez de su nuestro sistema político, que al día de hoy tiene muchos cuestionamientos acerca de su imparcialidad ya que al día de hoy no ofrece las certezas que debería.

Entiendo que sea incómodo: no se trata del poder que se otorga, sino del contexto en el que se ejerce.

Porque cuando los contrapesos fallan, el problema nunca es la herramienta, es quién la tiene en las manos.

POSDATA:

Por un lado, el Comité contra la Desaparición Forzada, emitió un informe que deja entrever la complicidad del estado en la desaparición de personas, insinuando crímenes de lesa humanidad, por otro la presidenta Sheinbaum, lo desestima y deja entrever intereses políticos.

El hecho es que las desapariciones en el país siguen en aumento y a los familiares les interesa encontrarlos, no quien los desapareció.

Es tiempo de los ciudadanos …. ¡¡¡¡ que exigimos contrapesos!!!!