Posicionamiento del IFT sobre la reforma aprobada por el Congreso para extinguir a este órgano regulador

El 28 de noviembre, el Senado de la República aprobó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica, por el cual se determina la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en términos de sus artículos transitorios.

El Decreto aprobado establece un modelo institucional distinto al vigente, para regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, con un órgano regulador en materia de competencia económica sin autonomía constitucional, y un diseño en el que las facultades con las que actualmente cuenta el IFT estarían divididas entre distintas instancias gubernamentales.

Este órgano regulador ha sido enfático, y así lo hemos hecho público a través de diversos posicionamientos desde que se presentó la iniciativa de reforma en febrero de este año, en que la evidencia demuestra que el mejor diseño institucional para la regulación de estos importantes sectores en nuestro país, ha sido la autonomía constitucional que es fruto de conquistas sociales históricas, pues ha sido este modelo el que arroja hoy resultados tangibles, que dan cuenta de una significativa evolución en la industria de las telecomunicaciones y radiodifusión, con beneficios directos para las y los mexicanos, para quienes trabajamos y quienes han estado en todo momento en el centro de nuestras decisiones.

Conjugar las facultades de regulación sectorial y de competencia económica en un regulador convergente con una visión integral y coherente del funcionamiento de los mercados ha permitido implementar una regulación efectiva y una transformación profunda de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Hoy más mexicanas y mexicanos cuentan con mejores servicios y a menor precio, en un ambiente de competencia que no se hubiera logrado sin un regulador autónomo. Baste decir que hasta antes de la creación del IFT no había sido posible establecer regulación asimétrica a agentes dominantes en el sector.

En el IFT consideramos indispensable llamar la atención sobre algunos aspectos de esta reforma que podrían generar incertidumbre y limitar la adecuada aplicación de la regulación sectorial y de competencia económica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que deberían ser analizados detenidamente en la legislación secundaria que habrá de emitirse, entre ellos:

• La imparcialidad técnica, independencia presupuestaria y la toma de decisiones colegiadas son elementos indispensables para la implementación de la regulación y la aplicación de la política de competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que se requiere un órgano regulador sectorial, que garantice decisiones técnicas e imparciales,  lo cual es particularmente relevante en el contexto actual, en el que existen concesionarios con participación pública que operan redes de telecomunicaciones y prestan estos servicios en el país, sin comprometer el cumplimiento de acuerdos internacionales a los que está suscrito el Estado Mexicano.
• Es indispensable considerar la compleja relación entre regulación sectorial y competencia económica, segmentar las facultades regulatorias puede generar inconsistencias, ineficiencias y una inadecuada implementación de las políticas de competencia económica y regulación en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión.
• Es primordial mantener el capital humano especializado, resultado de años de capacitación e inversión de recursos para la formación de personas servidoras públicas por parte del Estado Mexicano, es un pilar fundamental de todo órgano regulador. Se requieren conocimientos altamente especializados en disciplinas tecnológicas, económicas y jurídicas. Los resultados de la labor institucional no habrían sido posibles sin el compromiso y la alta especialización del talento humano que construyó día con día una institución eficiente y eficaz. Esta capacidad técnica y profesional del personal del IFT debe ser reconocida y valorada, por lo que hacemos un llamado a que se respeten sus derechos laborales como lo establece el régimen transitorio del Decreto.

El IFT, como órgano del Estado Mexicano, reitera su respeto a la división de poderes y, en cumplimiento a su mandato constitucional, continuará trabajando con el mismo compromiso que lo ha caracterizado desde su creación, en beneficio de las personas usuarias de los servicios de telecomunicaciones y las audiencias, atendiendo las necesidades del sector para que los precios y la calidad de los servicios se ofrezcan en mejores condiciones en beneficio de nuestro país.

En términos del régimen transitorio del Decreto, el IFT informa a todos los interesados que se seguirán desahogando todos los procedimientos y trámites en curso, así como aquellos que se presenten hasta en tanto se materialice la extinción conforme a la Reforma. 

Este Instituto manifiesta su plena disposición a aportar los elementos que sean requeridos para que a través de las leyes secundarias puedan generarse condiciones que sean en beneficio del desarrollo del sector, de los usuarios y audiencias del país, y que se puedan lograr ahorros para los consumidores de servicios de telecomunicaciones por encima de los 805 mil millones de pesos, y una disminución  en los precios de servicios de comunicaciones superior al 33% que se han conseguido  a lo largo de los once años de existencia del IFT.